Comentario

Los ministros del Gobierno de 1957 pronto tuvieron que enfrentarse con una crisis económica. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la política que se había seguido fomentaba la autarquía, un rígido control, la exclusión relativa del capital extranjero, cuantiosas inversiones gubernamentales y producción dirigida a un mercado interno protegido. Se había logrado aumentar la producción industrial pero la inflación era cada vez más alta y el sistema no podía funcionar con el demoledor déficit de la balanza de pagos. Siempre que había una subida de la inflación o del déficit, el Régimen echaba la culpa a la mala administración o a la falta de control del Gobierno, en vez de pensar que estaban aplicando una economía equivocada. Los nuevos ministros tampoco tenían ningún modelo teórico ni un diseño de política económica que ofrecer. Las primeras reformas que se introdujeron fueron las que planteó López Rodó para racionalizar la Administración del Estado, probablemente el primer paso a dar para que cualquier cambio en la política fuera efectivo. La consiguiente Ley de Régimen Jurídico de Administración del Estado de julio de 1957, seguida de la Ley de Procedimiento Administrativo, estaban pensadas con el fin de coordinar la estructura de forma más eficaz y otorgaban una autoridad más directa a la Presidencia del Gobierno, a la vez que ampliaban el papel del Subsecretario de la Presidencia. Esto no supuso tanto una reforma drástica ni una reorganización, como un reajuste de las políticas y regulaciones anteriores, con el objetivo de unificar la Administración pública de forma más eficaz.
En los años 1957 y 1958 se inició lentamente una serie de reformas económicas con el fin de equilibrar el presupuesto e introducir una política monetaria más sólida. Ullastres unificó los múltiples tipos de cambio pero no realizó una devaluación en toda regla, ni encontró el medio de poner fin a las numerosas restricciones todavía en vigor sobre el comercio y la inversión. Para intentar controlar la inflación Navarro Rubio, Ministro de Finanzas, subió las tasas de redescuento del Banco de España y fijó un límite al redescuento.

Franco y Camero Blanco no esperaban que hubiera ningún cambio importante en la política económica, sólo que se ajustara y reforzara el sistema existente. A finales de 1957 Carrero Blanco hizo circular una propuesta por las oficinas de los altos mandos de la administración para un plan coordinado de aumento de la producción nacional. Más que una reforma, lo que se recomendaba era una intensificación de la autarquía y se insistía en que la movilización masiva y centralizada de los recursos naturales sería el camino más seguro hacia una economía fuerte. Es decir, que se pretendía seguir ignorando el mercado internacional y la necesidad de realizar exportaciones. El problema de la balanza de pagos se solucionaría por medio de una reducción drástica de las importaciones lo que, evidentemente, bloquearía el consumo y el desarrollo. "Rechazamos de plano -declaró- por injusto y egoísta, el acomodaticio argumento de algunos de que España es un país pobre. El objetivo debería ser no tener que importar más que elementos de producción" (citado en A. Viñas, Guerra, dinero, dictadura, Madrid, 1984, 22829).

Esto iba claramente en contra de la poderosa tendencia que había en Europa occidental hacia la cooperación económica, y esa era su intención. La Comunidad Económica Europea se formó a principios del año 1958 y fue muy dinámico y exitoso desde el principio. La mayoría de los políticos españoles eran conscientes de los avances en la integración económica de Europa y el desarrollo del Mercado Común influyó a muchos, que pronto se convencieron de que el camino hacia la prosperidad económica española no podía ir separado del desarrollo de la economía occidental. La postura de Franco y Carrero se convirtió en minoritaria, incluso entre los máximos dirigentes económicos del Régimen.